Dieciséis. Estoy embarazada. De catorce semanas. Y quiero que me
practiques un aborto. Y que no se lo digas a mis padres, ¡ojo con eso! Y…
Calma, calma. A ver, por lo menos, las semanas de gestación las tendré
que decir yo tras una exploración y una ecografía ¿no le parece?
Pues no, doctor. No hace falta que digas nada, ni que opines. Me ampara
la ley ¿sabes? Dame un catálogo de esos de prestaciones del Sistema Nacional de
Salud.
Aquí tiene.
¡Anda! ¡Pero si no hay aborto! Oí en la tele que tiene que estar. ¡Voy
a quejarme al defensor del telespectador!
En realidad sí que aparece, pero aquí se llama IVE, interrupción voluntaria
del embarazo. Mírelo, está en el listado.
¡Uf, menos mal! Bueno, pues… quiero una IVE y, si me queda cicatriz,
una cirugía plástica y reparadora.
Si alguna vez los legisladores
fueron sabios investidos de cierta autoridad moral, resulta evidente que ese
tiempo ya pasó. Hoy, nuestros parlamentarios, elegidos por sufragio universal,
dictan leyes que, aún siendo legítimas políticamente, por haber sido
refrendadas por la mayoría democrática, y avaladas quizá por algún alto
tribunal, pueden al mismo tiempo no respetar cuestiones fundamentales de ética.
Basta echar un vistazo a nuestro ordenamiento jurídico para constatarlo.
La Iglesia católica en
África: 384.379 catequistas, 68.326 seminaristas, 58.781 religiosas misioneras,
50.200 escuelas católicas, 33.478 sacerdotes, 7.948 religiosos, 4.300
misioneros laicos y miles de centros de asistencia médica, hospitales,
leproserías, institutos sanitarios y de beneficencia (datos de la Agencia Fides). Y sólo en
Camerún: 28 hospitales, 235 ambulatorios y 12 leproserías. Se estima que la Iglesia cuida del 25% de
los enfermos de sida de todo el mundo.
Ante la polémica suscitada por la retirada del
concierto educativo a un colegio de Cantabria, vuelve a la actualidad el debate
sobre educación diferenciada vs. educación mixta.
En medio de una situación económica
insostenible, la Ministra
de Igualdad, asesorada por un “Comité de Expertos”, nos anuncia la próxima
legalización del aborto en España mediante la llamada “ley de plazos”. Lo
primero que muchos nos hemos preguntado es: ¿Por qué?
