Me cuento entre
quienes opinan que los políticos españoles, lejos de ser representantes de los
ciudadanos y probos servidores públicos, constituyen una casta privilegiada que
goza de gran impunidad y aprovecha sus cargos y el poder que les otorga ser
administradores de los presupuestos públicos para desarrollar redes
clientelares y negocios privados muy lucrativos, tanto cuando están en
“activo”, ejerciendo sus cargos públicos, como cuando “vuelven” -es un decir-
al desempeño de actividades pseudo privadas.
El anteproyecto
de Ley del Cine que planea aprobar el Gobierno catalán forma parte de la
estrategia intervencionista y represiva que ha caracterizado a la Generalitat de
Cataluña desde 1980, primero, bajo el liderazgo del Sr. Pujol y luego bajo la
batuta de los Sres. Maragall y Montilla. Aunque contando con un respaldo social
muy limitado, los gobiernos nacionalistas han sabido aprovechar el desinterés
de la mayoría de la población por los asuntos públicos y la irresponsabilidad
del Gobierno español para seguir inmiscuyéndose en la vida privada, coartando
la libertad de elección de los ciudadanos e imponiendo unas normas que de
manera abierta, en algunos casos, o encubierta en otros, contravienen los
derechos reconocidos en la
Constitución española aprobada en 1978.
A un año del
final de la legislatura y tras seis años al frente de la Generalitat, el
Gobierno tripartito ha presentado el Pacto Nacional de Infraestructuras (PNI)
en el que estamparon solemnemente su firma los representantes de la Generalitat, partidos
políticos, sindicatos, patronales y otras instituciones catalanas el 16 de
octubre. Únicamente, CiU, PP y Ciudadanos entre los partidos con representación
en el Parlamento catalán, y la patronal Foment de Treball prefirieron quedarse
fuera por considerarlo “ambiguo e insuficiente”. Ambiguo, desde luego que lo
es. Insuficiente, ya es otra historia.
Modificado el ( miércoles, 04 de noviembre de 2009 )
En mi artículo PSOE: rehén del PSC exponía las razones por
las que el PSOE ha dejado de ser un partido de ámbito nacional y se ha
convertido en rehén permanente del PSC y en rehén ocasional de otros partidos
nacionalistas, ora CiU o PNV, ora ERC, según las cambiantes circunstancias de
la aritmética parlamentaria. ¿Está libre el PP del virus nacionalista? Más allá
de la retórica, lo cierto es que las respuestas del PP al nuevo modelo de financiación
autonómica, al blindaje del concierto vasco y a sus propios problemas internos
en Valencia me inducen a pensar que el virus autonómico-nacionalista ha
infectado ya su materia orgánica y está plenamente activo.
Desde las
alturas Gil y Gil, en compañía de Mefistófeles, deben estar frotándose las
manos al comprobar que la semilla plantada en Marbella ha dado una magnífica
cosecha en toda la piel de toro. Y es que no hay día que no aflore un nuevo
caso de corrupción en España. Ora brota en el imponente Palau de la Música Catalana al
acorde de selectas piezas y exquisitos intérpretes, ora en el desabrido Ejido
al son de una balada que cuenta la historia de dos pistoleros afamados que
vaciaron las arcas municipales. En los últimos meses, hemos vivido abrumados
como se iba levantando la alfombra de la trama mafiosa de los Sres. Correa y
Pérez que ha enfangado en lodo a los más elegantes dirigentes del PP y hasta
salpicado la sotana inmaculada del Papa. En las últimas semanas, se ha
destapado la presunta trama de financiación ilegal de CDC, el partido del Sr.
Mas i Gabarró, a través de la Fundación Trías Fargas, merecedora junto con el
Partido Independentista del Sr. Colom de las dádivas del Sr. Millet.
Modificado el ( miércoles, 28 de octubre de 2009 )