El gobierno socialista de Rodríguez Zapatero no deja de sorprendernos. Ahora en una acción de consumado sectarismo se desentiende de la crisis y ya busca solo el éxito electoral en 2012, sin considerar que aquella le llevará o no a este.

El ejecutivo ha pactado con los sindicatos una paga, que podría alcanzar los 500 euros para cada uno de los tres millones de empleados públicos y con un coste total estimado de 1.452 millones de euros, que los socialistas harían efectiva durante la próxima campaña electoral de Rodríguez Zapatero.

Podría parecer una broma en una república bananera pero es real, se trata de España y tiene un coste estimado de 1.452 millones de euros,

Lo descubrí preparando una comparecencia de la Vicepresidenta Fernández de la Vega, al encontrar en el punto 47 del acuerdo que ella misma rubricó junto a los sindicatos representantes de la función pública. Y, a pesar de ser cofirmante, la Vicepresidenta no supo responder sobre cómo harían efectivo este desprendido y novedoso gesto electoral.

Reproduzco, para los incrédulos, el texto que, al hablar de las  retribuciones del personal, afirma literalmente que “dentro del primer trimestre de 2012 –campaña y precampaña de las elecciones generales- se percibirá el importe correspondiente a la desviación de la inflación y el aumento salarial de 2010 y 2011”.

Dado que en el presente ejercicio el crecimiento salarial ha sido del 0.3%, y que el propio gobierno, en los presupuestos, estimó un crecimiento de precios -a través del deflactor del PIB- del 1.6%, es evidente que la desviación se va a producir y que habrá “percepción” o cheque, casualmente en fechas electorales.

La función pública española es una de las más eficientes de la Unión Europea, y no me parecen bien ni mal las subidas salariales, o las recuperaciones de poder adquisitivo perdido, pero es impresentable que la paga se realice en campaña electoral y, además, esta ignore la situación de crisis nacional en la que el propio gobierno nos ha situado, y a la que hay que someter cualquier decisión salarial.

No puede el ejecutivo socialista desdeñar la situación de crisis y pensar sólo en las elecciones. Con el gobierno popular hubo congelación y posterior recuperación salarial en la etapa de crecimiento, pero nunca tuvo ni forma de cheque, o pago único, ni fue en campaña electoral, se hizo con la normalidad que un gobierno previsor hacía las cosas.

Por eso el Secretario de Estado de Hacienda, señor Ocaña, afirmó hace dos semanas que para cumplir el Plan de Austeridad habría revisar el acuerdo salarial con los sindicatos de la Función Pública, y fue convenientemente acallado por el interés electoral que mueve al ejecutivo.

Miguel Barrachina Ros

Portavoz Función Pública PP y Diputado Nacional por Castellón