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Comúnmente tiende a considerarse que la Transición a la Democracia es un proceso fundamentalmente político, que desmonta un ordenamiento jurídico anterior y que se introduce en la creación de uno nuevo. Sin olvidar que existen otros puntos de vista que no se pueden pasar por alto para la investigación de un historiador conviene, sin embargo, enfrascarse en el estudio de aquello que constituye la base fundamental de ese punto de vista. 
Comúnmente tiende a considerarse que la Transición a la Democracia es un proceso fundamentalmente político, que desmonta un ordenamiento jurídico anterior y que se introduce en la creación de uno nuevo. Sin olvidar que existen otros puntos de vista que no se pueden pasar por alto para la investigación de un historiador conviene, sin embargo, enfrascarse en el estudio de aquello que constituye la base fundamental de ese punto de vista. Y este proceso fundamentalmente político tiene su importancia porque, como indica Tuñon de Lara1, los cambios que tienen lugar en la Transición inciden de el "trend" secular e incluso de larga duración del proceso evolutivo de la reciente historia de España. Sin embargo, no se trata de adjetivar este proceso como modernizador2. La importancia del proceso no radica en el tan traído carácter rezagado de los procesos políticos españoles.Lo que a través de este artículo se intenta es indagar en aquello que constituyó un período básico para la historia contemporánea española. El cambio político que se produjo alcanzó a la cúpula del Estado y a alguno de sus aparatos e instituciones, pero queda todavía por dilucidar en que medida afectó a la sociedad en particular, a un pueblo específico. Este artículo no va a ser tratado desde un punto de vista tan funcionalista como el que esboza Tusell3, pero sí teniendo presente el gran peso de las decisiones de los protagonistas individuales que, sin olvidar que dependen de forma más o menos real a un grupo de presión social, en causan el proceso en uno y otro sentido. Así, en el momento de la muerte del General Franco, la democracia tenia un apoyo social amplio, aunque políticamente poco activo. La confluencia de este factor con la existencia de una clase dirigente consciente de la irreversibilidad del proceso democratizador es lo que hizo aceptable para los poderes fácticos el cambio de ´régimen dentro de la legalidad franquista4. Además, tanto el Rey como Suarez, se supieron rodear de un equipo cuyo liderazgo inteligente y fuerte era capaz de enfrentarse a los excesos tanto de un reducto pro-franquista como de un extremismo izquierdista. A estos condicionantes se unió también el hecho de que para que funcione un sistema de libertades y un régimen democrático es necesario algo consustancial y propio: un clima de convivencia, unos usos sociales ejercitados y captados con anterioridad. En definitiva, considerando a la Transición como un proceso esencialmente político, sin olvidar, por supuesto, otros factores de índole tanto social como económico, debemos pues, acometer el estudio del proceso político del régimen que se intentaba instalar en España en la segunda mitad de la década de los años 70.En esta primera aproximación a la Transición política en Castellón vamos a centrarnos en el desarrollo del proceso global que afecta a España a través del "zoom" que representará nuestra localidad, teniendo presente que en el estudio de esta aparecen reflejados los rasgos más importantes de la década 75-85. La consulta más libre en mucho tiempo en España correspondió al Referéndum sobre la Ley de Reforma Política. El 15 de Diciembre fueron convocados a las urnas 278.482 castellonenses. En la realidad de la sociedad de la plana , la moderación electoral e ideológica obligó al amplio mapa de fuerzas políticas a adaptarse a las demandas de una población poco inquieta. Los resultados, a poco más de un año de la muerte del anterior Jefe de Estado, arrojaban a la luz que los sectores que permanecían anclados en una postura de resistencia al cambio constituían una proporción mínima, que apenas tenía base social donde sustentarse. El análisis que de estos resultados se hacía demostraba la inclinación mayoritaria de la población al cambio, pero con una moderación que no iba más allá de lo privado y personal. Esta moderación con que los titulares de la prensa castellonense recogieron el acontecimiento, si lo comparamos con las posteriores citas electorales, resulta elocuente. Sin embargo, en esta consulta, la participación castellonense iba a tener un papel destacado. Con un 83.4% del total escrutado, que luego se mantendría en el 83%, Castellón se iba a convertir en la provincia con mayor índice de participación, muy por encima de la media española. Votaron afirmativamente el 95.9%, frente al voto negativo de un 1.8%. Evidentemente estos datos sobresalen por su rotundidad, frente al 75% de media en el voto afirmativo de toda España, y el 3% del voto negativo. Las cifras son elocuentes en la capital de la Plana: 59.542 papeletas con el sí, frente a 1448 con el no. Castellón apostaba claramente por la democracia. Por una democracia que, además, se había manifestado profundamente monárquica unos días antes, con la visita de los Reyes a Castellón, el 2 de Diciembre. La Prensa del momento recogió el acontecimiento con mayor seguimiento que el Referéndum, por ejemplo, reflejando titulares como "El entusiasmo de los castellonenses desbordó la Plaza Mayor", "Los Reyes fueron aclamados en toda la provincia", "Entusiasmo de la multitud en Villarreal, Nules, Burriana,..."5. No en vano, la Monarquía se va a convertir en el motor de todo el proceso, en instrumento para evitar la quiebra de legitimidad, dando continuidad al momento de vacío de poder creado en el paso de un régimen a otro6. En este sentido, la cuestión Monarquía o República se veía innecesaria desde el punto de vista de la opinión pública7. Incluso al PCE le costó poco renunciar al republicanismo, condición básica para su legalización, y apoyar a la monarquía, por que la legitimidad republicana no era suya. El PCE había ganado su legitimidad en la postguerra, algo que le había servido para borrar su falta de apoyo hacia la II República.8 En el año 1973 las fuerzas tendentes a un cambio de régimen eran significativas, pero no lo suficientemente fuertes y con peso social como para producir una muerte política antes de la desaparición física de Franca. La crisis del régimen era patente, y en este sentido, la muerte de Carrero Blanco activó únicamente la toma de posiciones de los distintos sectores aperturistas para liderar un proceso de cambio. La supervivencia de Carrero no hubiese cambiado los factores que hacia el 69 hacían dudar de la supervivencia del Régimen. El cambio se hubiera producido de forma parecida, no como algo que fuese a venir, sino como algo que ya existía, que ya estaba en marcha9. Todo este proceso desemboca, hacia 1976, en lo que Pzeworsky10 denomina período de desvinculación, como una abolición del Régimen franquista desde un pacto negociado entre las propias fuerzas del régimen. Es el momento en el que se puede hablar de reforma pactada, negociada desde un estamento político en base a unas condiciones materiales específicas, que diferenciaban y alejaban al régimen español de su concepción puramente dictatorial. Estas condiciones mínimas son reconocidas por José Casanova como "estructura legal o fachada constitucional del franquismo"11. Esta estructura legal es lo que permite entender los cambios que tienen lugar en el segundo quinquenio de los 70 como una Reforma desde la legalidad anterior, con protagonistas no comprometidos con esa situación , cuyo fin es la evolución hacia una estructura distinta y diferenciada. En este sentido, los orígenes sociológicos de ese comportamiento moderado y "democrático", hay que buscarlos en la cultura política y económica heredada por el franquismo, y puesta en marcha, sobre todo, a partir de los años 60. El despegue económico que sufre España a partir de 1957, llevó a la emergencia masiva de una nueva clase media, una clase media que no tenia una correlación directa con los profesionales liberales, sino que estaba compuesta por funcionarios, profesionales y trabajadores cuyo nivel de vida veía como mejoraba bajo el paraguas del Estado franquista, un Estado que se identificaba, evidentemente con el capitalismo. Esta identificación Estado-franquismo-capitalismo con una expansión económica que repercutía en el conjunto de la sociedad, suponía el abandono del lenguaje de la revolución popular12. Además aparece otro rasgo distintivo del proceso español que contribuye a forjar sociológicamente esta cultura democrática. En este período el Estado estaba sometido a un conjunto de disposiciones legales que limitaban a los propios poderes que lo habían creado13. Estas disposiciones se unieron a un conjunto de medidas desde el poder que intentaban maquillar democráticamente al Régimen de cara al exterior. La ficción de un juego político, aunque formalmente monocolor, caló entre una población que comenzó a acostumbrarse a la terminología democrática. Castellón no escapaba a esta dinámica. La evolución de la industria incrementó notablemente el nivel de vida en nuestra provincia. Las directrices industriales basadas en el ciclo completo de la agricultura comercial predominaron hasta 1970, pero las distintas fases de cultivo dieron pie a industrias secudarias que instruyeron en las pautas de la oferta y la demanda a la totalidad de los factores de producción. Junto a la creciente industria azulejera apareció la industria pesada con el refinamiento de petróleo y la producción de energía14. Así mismo, el turismo ha representado, desde la década de los sesenta, fuertes implicaciones socio-económicas y medio-ambientales en toda la cuenca mediterránea. Así, una de las características fundamentales de la sociedad castellonense, y española por omisión, en la década de los setenta fue la inexistencia de una desigualdad social grave; la sociedad española nunca había sido tan igualitaria como en el momento de la muerte de Franco15. Lo importante no era tanto que existiera esa situación como que había tenido su correlato en la cultura ciudadana de la sociedad. Y en este sentido Castellón, pese a sus pequeñas dimensiones sociales, constituía un paradigma del sentir general del resto de España. Desde el momento en que se aprobó el referéndum de la Ley de Reforma Política hasta la celebración de las elecciones transcurrieron cinco meses, entre los cuales se produjo el secuestro por parte de los GRAPO del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y la legalización del Partido Comunista. Ambas supusieron una prueba de fuego para el proceso de Transición. El 15 de Junio de 1977 se produjeron las primeras elecciones libres después de casi cuarenta años. En ese momento el destino de los españoles estuvo en sus propias manos. El marco mínimo para el desarrollo de un régimen democrático, como indica Dworkin16, es el principio de participación, que señala a cada individuo el puesto desde el cual puede influir en el contenido de la decisión política en cuanto "miembro igual" que los demás. En la práctica el punto de partida sobre el que no se podían permitir concesiones representativas era en la legalización de todos los partidos políticos. Estos se contituyeron en un elemento indispensable para que pueda funcionar la democracia17, una indispensabilidad que incluía también al PCE. En este sentido, a estas primeras elecciones concurren 14 partidos en la provincia de Castellón, que se disputaban la elección de cinco diputados para el Congreso, y de cuatro para el senado. En líneas generales, lo que va a caracterizar a estas elecciones va a ser el carácter verdaderamente plural, en comparación a las que se realizarán con posterioridad, que se va a producir en la designación, elección, mecánica electoral y participación en el proceso tanto de los electores como de los elegidos. Por ejemplo, el perfil de los candidatos castellonenses se aleja de la profesionalidad política hasta el punto que tan solo José Miguel Ortí Bordás, secretario del Ministerio de la Gobernación, cargo del que dimite para participar en las elecciones, y en menor medida Enrique Monsonís Domingo, Presidente de la Cámara de Comercio Española en Alemania, ocupan cargos de responsabilidad social antes de las elecciones. El resto de los candidatos electos ostentan trabajos bién de profesorado, tanto de EGB, Palmira Pla Pechovierto, como de Universidad, Antonio Sotillo Martí, como de Químico, Enrique Beltran Sanz. La política en estos albores democráticos era espontánea, reflejando el interés manifiesto por participar en el proceso político que comenzaba a andar en España. Sin embargo, a medida que la dinámica política española se profesionaliza, la participación directa de las personas de a pie, va dejando paso a capas oligarquizadas que conforman un mundo político paralelo. Así, en las elecciones de 1979, primeras tras la aprobación de la Constitución por refrendo popular, los candidatos elegidos para diputados tiene un claro perfil profesional dentro de la política. Lamo de Espinosa, Ministro de Cultura, Monsonís, que repite en el cargo y Benjamín Casañ, Abogado en el sector Privado, por parte de UCD, y Antonio Sotillo, que repite en el cargo, y Felipe Guardiola, por PSOE, en las elecciones de Marzo de 1979. A las 11 de la mañana del día 16 de Junio de 1976, Pablo Martín Caballero, Gobernador Civil de Castellón infomó de los resultados provisionales de la primera consulta electoral. Estos resultado confirmaban la tendencia general hacia la moderación del electorado que se había vaticinado en las encuestas previas a la confrontación. El partido más votado en la provincia, La UCD, con 84.115 votos, aventajaba en más de 14.000 a su inmediato perseguidor, el PSOE, quien había obtenido un total de 69.976. Esta era la tónica general en el resto de España. Pero aparece en Castellón un factor diferenciador que va a servir como paradigma de las elecciones del 77. El quinto diputado era J.A. Ortí Bordás, cuya candidatura se integraba dentro del partido Candidatura Independiente por Castellón. Aunque en la campaña utilizase la imagen de Adolfo Suarez, y más tarde se integrara en la UCD, la sola presencia de una candidatura independiente en el litigio electoral, y el hecho de que fuese capaz de lograr su escaño, indican hasta que punto el carácter abierto, participativo, y puramente democrático impregnaron estas primeras elecciones. Esta característica se produjo en muy pocos lugares más del resto de España, y sobre todo será más común en el senado que en el congreso. Por otro lado, a nivel estatal, la diferencia en puntos entre los dos partidos más votado había sido de 5 puntos en favor de UCD; sin embargo, la diferencia aumentaba hasta 7 en nuestra provincia. En 1979 la diferencia entre el partido en el gobierno y el principal partido de la oposición, el PSOE, aumentaba hasta casi 10 puntos, 25.632 votos de diferencia. Evidentemente ya no aparecía la candidatura independiente de Orti Bordás, pero, en el resto de España, los resultados permanecían prácticamente igual con respecto a 1977. Aún más elocuente son los resultados para el senado en estas segundas elecciones; 3 senadores de UCD por 2 del PSOE, invirtiendo completamente los resultados del 77. El comportamienteo electoral de la sociedad castellonense resultaba ser diferenciada dentro de la homogeneidad que arrojaban los resultados a nivel de todo el país.18 Pero existían, además, una serie de datos que evidenciaban el salto cualitativo desde unas elecciones participativas y representativas, las del 77, mucho más cercano al principio participativo de Schmitter19, o al principio de participación de Dworkin20, a unas elecciones donde el hecho político había calado ya en la dinámica de partidos, se había profesionalizado el juego político.Si revisamos el perfil social de los candidatos electos al Congreso de los Diputados, que son, por ende, los cabezas de lista del partido, de 1979, observamos como esta profesionalización se ha hecho más que evidente. Han desaparecido, como ya apuntamos anteriormente, cualquier signo de persona no vinculada al mundo de la política, en menor medida, que perteneciera a cualquiera de los pilares básicos de poder. No existen profesores de EGB, ni pequeños empresarios privados, antes mayoritarios. Ahora se ha dado paso a candidatos con estudios superiores, normalmente de derecho, con curriculum en el mundo de la política, y que incluso, y esto será normal ya a partir de las siguientes elecciones, no tienen relación alguna con la circunscripción por la que se presentan. Este es el caso de Lamo de Espinosa. Incluso entre el cuerpo de senadores electos, que en 1977 se caracteriza por una media de edad avanzada y un curriculum mayoritario donde figuran los valores en la lucha contra el anterior Régimen, el nivel cultural y político pasa a ser la característica predominante, donde las carreras universitarias y el historial político se superponen al mérito de guerra. No hay que olvidar que, sin embargo, alguno de ellos repite escaño, caso de Ernesto Fenollosa, del PSOE, frente a un Manuel Cerdán, de UCD, secretario general de la delegación territorial del Ministerio de Sanidad, o a un J.B. Rios, licenciado en Económicas. En estas segundas elecciones, las del 79, comienza a dejarse ver aquello que va a caracterizar al sistema representativo, y por tanto, democrático, del nuevo régimen español. La premisa básica en la elección de representantes es su responsabilidad ante los electores. Esto es lo que se busca en las candidaturas de las primeras elecciones. Su responsabilidad frente a los votantes alejaba el sistema de lo que conviene en llamarse partitocracia, de ahí que los candidatos sean "represetantes" de la sociedad donde viven, y no políticos profesionales. Cuando se comprueba que en la realidad, según el sistema español, los diputados electos están sometidos a la disciplina de partido, y en casi todos los casos resumible en la obediencia a la dirección del grupo político, se produce un fenómeno de "desengaño" que aleja a la ciudadanía del mundo de la política, para comenzar su profesionalización oligárquica. Y esto es comprobable en las elecciones del 79, donde incluso prevalecen los criterios de partido a nivel nacional en la elección de los cabeza de lista, frente a las direcciones provinciales. Se daría paso a una democracia representativa con escasos supuestos de participación directa de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos21. Es evidente que en la idea de representación descansa el hecho del voto, con el cual se pretende elegir a alguien que actúe como nosotros. Sin esta condición la representación se vaciaría de contenido y significación. En todo esto, la idea del representante independiente y gestor de los intereses de toda la nación, no es más que una construcción jurídica que descansa en una abstracción.22 Sin embargo, que esta sea la situación actual no significa que naciese viciada desde un principio. Los grupos de interés, sindicatos, organizaciones empresariales, eclesiásticas, fuerzas armadas, asociaciones de vecinos, culturales, ideológicas, políticas, articularon y canalizaron las reivindicaciones y necesidades sociales, trasmitiéndolas al proceso político a través de la asunción de sus demandas por los distintos partidos políticos,. Las asociaciones estudiantiles universitarias son un buen ejemplo de esto; o el papel de contención del conflicto laboral por los sindicatos a partir del 77, evitando su interferencia en el proceso de consolidación democrático y económico, y que se reflejó en los Pactos de la Moncloa. Esta asunción de demandas era posible con la elección de unos candidatos a los cuales el electorado conocía. Aquí hay que ubicar el fenómeno de la elección a diputado de Orti Bordas en Castellón. Los votantes castellonenses esperaban que este candidato fuese portador de sus reivindicaciones en el Congreso, aunque después se adhiriera al partido centrista de Suarez. Era un valor independiente, que se presentaba como gestor de los intereses castellonenses. Este fenómeno se repetirá también en Zaragoza, que se unirá al escaño de Orti Bordas, y bajo una forma más o menos similar, como Unidad socialista, en Cadiz y Valencia. CONCLUSION -- La Democracia comenzó a ser un hecho en España el 15 de Julio de 1977. A partir de entonces los españoles tendrían en sus manos el destino de sus votos. Estas elecciones, la formacion de un parlamento ante el cual era responsable el Gobierno, y la aprobación por consenso de la Constitución española, significaba que la transición entraba en una fase de instauración, definida por Mario Caciagli como "fase intermedia... caracterizada por una democracia frágil y precaria, que puede desestabilizarse por errores, obstáculos y ataques hasta que alcance el despegue de la verdadera consolidación"23. La transición tuvo un tortuoso pero firme camino hacia la democracia; ésta, pese a los obstáculos que tuvo que sortear durante algún tiempo, pareció alcanzar su punto álgido tras el fallido intento de golpe de Estado y las posteriores elcciones del 82; sin embargo la pervivencia y el reciclaje de prácticas políticas y valores de regímenes caciquiles anteriores, han convertido a nuestra democracia en lo que Carracedo denomina "democracia tutelada", sustituido hoy día por términos más o menos suaves como "democracias de baja intensidad"24. Paradójicamente el caso español supuso el paso de una iniciativa más directa y una acción ciudadana mucho más libre de ataduras y mordazas, a un sistema representativo y de intermediación incapaz, quizás conscientemente, de profundizar en la auténtica democracia. Esta iniciativa más directa pareció que iba a llevarse a cabo en las postrimerías de la andadura del nuevo régimen. Esta intermediación ciudadana mucho más libre de ataduras y mordazas intentaba establecer un verdadero sistema representativo donde el candidato electo fuese la expresión de los intereses de la comunidad a la que representaban. Así parecieron entenderlo los primeros candidatos democráticos de 1977. Su procedencia social, del mismo seno de la comunidad, sus pretensiones políticas, sus escasos intereses partitocráticos, su efervescencia ideológica, su pragmatismo público, en fin, su propia forma de entender la democracia, se dejó traslucir hasta un cuerpo electoral novato pero no por ello inexperto. Sin embargo, el tiempo, y los hombres, se encargaron de poner las cosas en su sitio. Esta explosión de verdadera democracia dió paso en un par de consultas electorales a una verdadera maquinaria política, en cuyo engranaje no se daba cabida más que a aquello que se iba a convertir en oligarquía. En las elecciones de 1979, cominenza a desaparecer todo signo de representación directa de la sociedad, para dar paso a un candidato cuyo perfil personal responde al de un político profesional: universitario, con experiencia en la vida pública, dependiente de un partido al cual se somete de forma absoluta, sin relación, incluso física, con la comunidad por la cual es elegido, ... El mundo de la política comienza a convertirse en algo cerrado. Los candidatos locales ya no existen; no se formula un programa electoral donde se proponen al menos medidas que repercutan de forma directa en la comunidad, en la provincia, por la cual ha sido elegido. Las dinámicas de partido se imponen a un cuerpo homogéneo de funcionarios ideológicos.Todo esto, que tiene un reflejo nítido en la sociedad castellonense del momento, se ve reforzado por otra de las características de comportamiento electoral de esta circunscripción. En el 77 consigue escaño por nuestra provincia una candidatura cuyo radio de acción se reduce únicamente a Castellón. J.M. Orti Bordás consigue su escaño por Candidatura independiente de Centro (Castellón). Esta misma situación se repetirá en Zaragoza. Pero dos son los hechos diferenciadores: primero el número de habitantes, que limita los escaños de nuestra provincia a cinco, de los cuales uno pertenece a CIC; por otro el propio carácter independiente de las candidaturas, que obligan a establecer lazos de unión específicos con cada comunidad por la que se quiere salir represetado. En las elecciones del 79 desaparecerá, no solo dicha candidatura, sino toda forma parecida de representación. Quien continua en el 79, en muy contadas ocasiones, tiene como objetivo una clara idea de carrera política cuyo fin puede ser bién la política en si misma, bién la administración pública. Estas elecciones van a configurarse como un punto de no retorno, a partir del cual España entra en un sistema democrático restrictivo y cada vez más alejado de una participación activa de la sociedad en el nuevo régimen de libertades. La sociedad que se abría camino en la década del 75-85 gozaba de una pluralidad entre los grupos de opinión, de verdadero talante democrático. Un pluralismo que se convirtió con el tiempo en aquel que se define a favor de grupos de presión estratégicos como los medios de comunicación, la judicatura, la cultura, la banca,... Estos pilares fundamentales constituyen hoy día la clave de acceso y permanencia en el poder. Evidentemente esta tendencia hacia el control social tiene en otras democracias más asentadas contrapesos más o menos eficientes, que les permiten mantener e incluso reforzar el talante demócrático. En esta línea se impone toda una serie de reformas urgentes y profundas, en el especial el que afecta al sistema electoral. La característica de esa democracia naciente del último quinquenio de los 70 pasaba por un compromiso de los distintos líderes políticos electos ante sus electores, unas campañas políticas que se basaban en las propuestas programáticas que los partidos políticos recogían como demandas sociales que estaban en la calle. Una dinámica que no duró más allá de las elecciones del 86, y ya muy desvalorizadas. La necesidad de poder ha hecho que se subvierta este principio necesario para un régimen democrático y se sustituya por mecanismos electorales de manipulación de las voluntades sociales, a través de distintos medios propagandísticos y de comunicación. Conviene destacar lo que Schmitter ha definido recientemente como paradigma democrático afirmando que se debe de enfatizar "sobre la responsabilidad de los dirigentes ante los ciudadanos y la relevancia de otros mecanismos de competición distintos de las elecciones". Los representates son hechos responsables de sus acciones en el dominio público, y es este un dato muy significativo por cuanto representa un fiel reflejo de lo que constituía en España los primeros años de democracia. La ciudadanía era tenida en cuenta, no como un grupo electoral, sino como verdadero juez de la función pública. las corrientes de opinión podían llegar a tener tanta importancia como la consulta electoral. El gobernante, el diputado electo, se sentía responsable ante la sociedad española, ante la sociedad local, del momento. Sin embargo, la adulteración de este principio ha llevado a la función política a legitimarse a sí misma única y exclusivamente a través de una consulta periódica, la cual, a su vez, como responsable de la detentación del poder, va a intentar ser manipulada en beneficio de aquel que controla el mayor número de pilares básicos de presión, es decir, beneficiará a aquel que controle de forma velada los distintos grupos de presión. Todo este desarrollo tiene fiel reflejo en la sociedad castellonense. El estudio del hecho diferenciador de esta provincia en los procesos electorales del actual sistema democrático supone, de forma directa, responder al análisis del proceso democrático en transición de la España de los 70 y 80. NOTAS BIBLIOGRÁFICAS: 1Tuñon de Lara, M., Transición y Democracia, pg 12, Barcelona 1991 2Tusell,J., "La transición a la Democracia en España como fenómeno de historia política", La Transicion a la Democracia en España, VVAA, Madrid 1994 3 Diario Mediterráneo, titulares de los días 3,4 y 5 de Diciembre de 1976 4Diaz,E., La Transición a la Democracia, pg 79, 1987 5De la Cierva, R., Crónicas de la Transición, pg 23, Madrid 1975 6op cit, pg 34 7Santos juliá, op cit, pg 180 8Tusell,J.; La transición Española a la Democracia, pg 24-30, Madrid 1989 9De Esteban,J., Lopez Guerra, Los partidos políticos en la España actual, pg 42, Madrid 1982 10Hace referencia a la iniciativa directa y a una acción ciudadana mucho más libre de ataduras y mordazas, lejos de una oligarquía política restrictiva. "La Democracia en serio", Claves de la Razon práctica, pg 45, nº 55, 1995 11Gonzalez, S.; "La Constitución española de 1978", Sistema Político Español, VVAA, pg 33, Madrid 1995 12Caciagli,M.; Elecciones y partidos en la Transición española, pg 5, Madrid, 1986 |
